Liberen a las vinotecas

Frente a la delicada situación económica que se enfrenta nuestro país, Bodegas de Argentina, la cámara de la industria del vino de la República Argentina, que representa a más de 250 bodegas de todo el país, pide al Gobierno Nacional un paquete de medidas específico para mantener la actividad del sector en un nivel mínimo de subsistencia que garantice el no cierre de las empresas y la continuidad de los miles de puestos de trabajo que dependen de ellas.

Se solicita que el Gobierno Nacional exceptúe de la cuarentena a las vinotecas de todo el país. Las aproximadamente 5000 vinotecas que existen son todas pymes y son un canal de suma importancia para las propias bodegas pyme, que no tienen la posibilidad de llegar a grandes cadenas de hipermercados, supermercados y otros distribuidores. Al estar también cerrados los hoteles, restaurantes y bares, las mismas bodegas pyme no tienen hoy canal alguno para comercializar sus vinos en el país. Es imprescindible que se tome esta medida a la brevedad, siempre exigiendo que los locales tengan un protocolo sanitario para cuidar la salud de los trabajadores y de los clientes, como así lo hacen ya miles de comercios minoristas que continúan atendiendo al público.

Anulación de la prohibición de venta de vino en provincias y municipios. En cerca de 50 ciudades de 8 provincias se prohibió la venta de bebidas alcohólicas bajo el pretexto de que las mismas incitan a la sociabilización en tiempos de aislamiento. Solicitamos que los municipios, a pedido del Gobierno Nacional, revisen esta decisión y reconozcan la legislación vigente a nivel nacional, que de ninguna manera ha limitado la comercialización del vino. Debemos aclarar también que nunca ha estado el vino vinculado al abuso del alcohol, concentrándose desde siempre su consumo en el ámbito doméstico, como parte integrante de nuestra hábitos culturales de alimentación.

Previendo que las exportaciones de vino embotellado caerán debido a la crisis económica global que seguramente enfrentaremos en el corto plazo, y considerando que también caerá el consumo de vino en el país, solicitamos al Gobierno Nacional la eliminación de las retenciones a los productos vitivinícolas que tengan valor agregado. El costo fiscal estimado de eliminar las retenciones al vino embotellado es de 2000 millones de pesos. Este ahorro potencial para las bodegas podría claramente ayudar a sostener el negocio, los empleos y la cadena de pagos en este difícil contexto.

Pedimos asimismo al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que revea el congelamiento de precios luego del 20 de abril próximo, fecha en la que vence el congelamiento resuelto por la resolución 100/2020, dando libertad a las bodegas para fijar precios libremente a los vinos embotellados. Proponemos que queden congelados los precios de los vinos de mesa, que hacen al 45% del total del vino comercializado en la Argentina, que son los mayoritariamente consumidos por la clase baja y media baja. El precio del vino como insumo de producción se disparó recientemente por una menor cosecha de uva, y lamentablemente las bodegas no tuvieron tiempo suficiente para trasladar estos nuevos costos a precios. Debemos recalcar también que en 2019 los precios de los vinos en góndola subieron solo 30% en promedio, muy lejos da la inflación general.

Por último, dado la crítica situación económica que afecta al país y al mundo entero, solicitamos que el Gobierno Nacional decrete la suspensión de la obligatoriedad de la contribución que pagan las bodegas a la Corporación Vitivinícola Argentina. Hace unos pocos meses nuestra cámara hizo pública la decisión de dejar de participar de la COVIAR, convencidos en que la misma se había alejado de su propósito original al intentar ser una cámara de la industria. Siendo que una parte importante de los recursos aportados a la COVIAR no van a la promoción del vino (el propósito original para lo cual se creó), creemos que hoy es mejor habilitar a las bodegas a suspender voluntariamente la contribución para destinar dichos recursos a necesidades mas urgentes como preservar las fuentes de empleo y disponer de recursos para capital de trabajo. No tiene sentido un impuesto con asignación específica si el mismo destino no se cumple y está en riesgo la misma subsistencia de centenares de bodegas pyme.